Hace años que la responsabilidad social corporativa (RSC) forma parte del lenguaje y de las políticas empresariales. Lo hace desde el momento en que el tejido empresarial y sus responsables comprendieron que las organizaciones no podían seguir funcionando como entes independientes y aisladas del resto del mundo cuyo único objetivo fuera garantizar la rentabilidad de sus accionistas. Se dieron cuenta de que forman parte de un sistema mucho más global y complejo, y que sus actuaciones generan un impacto que va mucho más allá de los aspectos puramente económicos y de las ventajas competitivas.
Hoy se sabe que la RSC mejora los resultados y la imagen de una empresa en la medida en que reduce la incidencia de riesgos reputacionales, legales o ambientales. Pero ¿hasta qué punto la dimensión social, ética y medioambiental de las actividades empresariales sigue siendo una elección voluntaria que emana de la compañía o está regulada por el ordenamiento jurídico? En este post intentaremos realizar un análisis de la normativa española sobre responsabilidad social corporativa.
¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas?
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es el compromiso de las empresas para generar un impacto positivo en el entorno en el que se desarrolla su actividad. Se basa en estrategias y acciones concretas que permiten generar una mejora en la calidad de vida y bienestar de sus propios empleados, proveedores, clientes y ciudadanos en general. Prestando especial atención a factores sociales, económicos y medioambientales, pues son los que transversalmente afectan a toda la sociedad.
Para ejercer este compromiso las empresas desarrollan planes de Responsabilidad Social Corporativa programando objetivos y acciones concretas que generen ese impacto positivo, y que van más allá de una búsqueda del beneficio económico empresarial.
Algunos ejemplos de objetivos de Responsabilidad Social Corporativa en las empresas son:
- Generar un impacto positivo en el medio ambiente.
- Ayudas sociales.
- Incrementar el nivel educativo de la sociedad del entorno en el que actúa la corporación.
Normalmente las empresas ligan estos objetivos a los valores corporativos y la cultura organizacional.
Si, por ejemplo, se trata de un fabricante de envases, podría plantearse como objetivo elevar el nivel de conocimiento y técnicas de reciclaje entre la ciudadanía. Para ello, podría organizar cursos de formación sobre cómo reciclar, cómo detectar envases reciclables, etc. Talleres que podrían ser impartidos por los propios trabajadores de la organización.
Como vemos en el ejemplo, la empresa no obtendrá un rendimiento económico. No se trata de una inversión en busca de resultados medibles en ventas. Se trata de una iniciativa que pretende mejorar el conocimiento sobre reciclaje de la sociedad en general, permitiendo el acceso gratuito a formación e incrementando, en consecuencia, el conocimiento sobre cómo cuidar el medioambiente.
Acciones de Responsabilidad Social Corporativa en empresas
La empresa del ejemplo se ha marcado como objetivo de Responsabilidad Social Corporativa mejorar el medioambiente. Para ello, utiliza recursos propios para formar a la ciudadanía sobre cómo mejorar sus hábitos para un mejor reciclaje y consumo de envases y otros elementos.
Es decir, ‘Mejorar el medio ambiente’ sería el objetivo. Y la organización de cursos sería la acción para lograr ese objetivo.
Todas las políticas y objetivos de Responsabilidad Social Corporativa necesitan por tanto un plan de acción que facilite su cumplimiento. Otros ejemplos de acciones de Responsabilidad Social Corporativa podrían ser, entre otros muchos, los siguientes.
| Acción | Tipo de objetivo | Público al que se dirige |
| Organizar jornadas de recogida de desperdicios en zonas naturales | Medioambiental | Ciudadanía y Empleados |
| Becas para acceder gratuitamente a cursos | Educativo | Ciudadanía |
| Ayudas directas para el acceso a alimentos en colectivos vulnerables | Social | Ciudadanía |
| Favorecer medidas de conciliación | Bienestar Social | Empleados |
| Activación de pronto pago a proveedores | Financiero | Proveedores |
| Programas de integración para el empleo | Laboral | Ciudadanía |
Principios de Responsabilidad Social Corporativa
Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, existen cinco principios básicos que rigen las políticas de RSC en las empresas.
- Cumplimiento de la legislación. Tanto a nivel nacional como internacional. Las empresas deben adquirir el compromiso de respetar las leyes de los países en los que operan. No sólo eso. También respetar las normativas promovidas por entidades internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la OCDE. Así como los principios propios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras entidades y tratados.
- Universalidad. El carácter global de las políticas RSC afectarán a todas las áreas de negocio y en cualquier parte del planeta en donde opere la empresa.
- Ética. Los compromisos éticos que se adquieren en una política de RSC serán obligaciones para quienes los contraen.
- Impacto. El impacto de las acciones derivadas de la actividad empresarial será visible en el ámbito económico, medioambiental y social.
- Orientación. La RSC estará dirigida a satisfacer las necesidades de los grupos de interés.
Origen de la normativa española sobre responsabilidad social corporativa
La actual normativa española sobre responsabilidad social corporativa tiene su origen en una norma europea, la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, que, a su vez, modificaba la Directiva 2013/34/UE sobre la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas. El objetivo de estas piezas regulatorias afecta a todas las áreas de una empresa, se trata de identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general a través de la divulgación de información no financiera, como pueden ser los factores sociales y medioambientales ligados a la actividad empresarial.
La citada Directiva 2014/95/UE ampliaba el contenido exigido por su predecesora en relación a la responsabilidad social corporativa dentro del informe anual de gobierno corporativo. De esta forma, el organismo europeo se marcaba el objetivo de medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas desde varios puntos de vista y áreas de negocio así como de su impacto social y medioambiental. En su justificación de motivos, los reguladores europeos consideraron estos requerimientos de esenciales para una transición hacia un modelo de economía mundial en clave sostenible y que combinara la rentabilidad a largo plazo con la justicia social, los compromisos éticos y la protección del medio ambiente. Entre esta información no financiera que la Directiva requería de las empresas figuraba información detallada sobre los efectos actuales y previsibles que las actividades de la empresa provocaban en el medio ambiente, de las medidas adoptadas para garantizar cuestiones como la igualdad o el diálogo con las comunidades locales o sobre los mecanismos dispuestos por las empresas para detectar y luchar contra la corrupción y otras prácticas ilícitas.
Trasposición de la RSC
En España, la principal norma que se encarga de trasponer los requerimientos marcados por Europa es la Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad (LINF), publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de diciembre de 2018. El texto venía a subsanar una carencia histórica, ya que antes de su aprobación, la información relativa a las campañas de RSC en España quedaba fuera de los límites legales. Con su puesta en marcha, nuestro país no solo ponía remedio a esta circunstancia, sino que se situaba como uno de los Estados miembros más avanzados en cuanto a exigencias de transparencia y cumplimiento de requisitos legales sobre las acciones de responsabilidad social corporativa.
¿A quién afecta?
Desde 2021, la legislación nacional sobre responsabilidad social corporativa afecta a todas las empresas con más de 250 empleados (en el momento de su aprobación se limitaba a aquellas por encima de 500 empleados) y que sean consideradas de interés público. También incluye a aquellas cuyas partidas de activos sean superiores a 20 millones de euros o con importes netos anuales de 40 millones de euros. La normativa española sobre responsabilidad social corporativa establece la obligación de informar acerca de los distintos aspectos de su actividad que ayuden a comprender su evolución, sus resultados, la situación del grupo y el impacto de su actividad en el entorno, para convertir a las organizaciones en socialmente responsables.
Residuos y otras cuestiones medioambientales
Uno de los aspectos mas destacados de la normativa española sobre responsabilidad social corporativa es la que hace referencia a los temas medioambientales. La Lay establece que las empresas están obligadas a informar acerca de cuestiones como la contaminación o las medidas destinadas a prevenir, reducir o reparar las emisiones que afectan gravemente al planeta. También hay un apartado específico destinado a la economía circular y a la prevención y gestión de residuos, donde se incluyen medidas de prevención, reciclaje y reutilización y otras formas de recuperación y eliminación de desechos, o acciones para combatir el desperdicio de alimentos.
El uso sostenible de recursos naturales como el agua y otras materias primas, así como las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso, también ocupan un lugar destacado en el texto. De la misma forma que, por supuesto, hay un capítulo para la energía, donde, entre otros aspectos, se exige especificar aquellas medidas adoptadas por las empresas para mejorar su eficiencia energética o el uso que hacen de las energías renovables. Cambio climático, reducción de emisiones de efecto invernadero o protección de la biodiversidad son otros epígrafes ambientales incluidos en el texto legal.
Cuestiones sociales y laborales de la normativa sobre responsabilidad social corporativa
El ámbito social y de recursos humanos es otro de los pilares de la normativa española sobre responsabilidad social corporativa. En la ley, este se refleja en una serie de obligaciones en cuanto a la información que deben facilitar las compañías, por ejemplo, en materia de empleo y condiciones laborales, donde se exige que se ofrezcan datos acerca del número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional. Las empresas también están obligadas a informar sobre las diferentes modalidades de contratación, despidos, planes de igualdad, remuneraciones medias de personal, consejeros y directivos, así como de medidas contra la brecha salarial u otro tipo de discriminación.
Por lo que se refiere a las relaciones de la empresa con su comunidad, la normativa española sobre responsabilidad social corporativa insta a las empresas a facilitar información acerca de su compromiso con el desarrollo sostenible o del impacto que sus actividades provocan en el empleo, el desarrollo local, sus poblaciones locales o el territorio. Las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades de diálogo con estos o las acciones de asociación o patrocinio también son objeto de escrutinio.
Derechos Humanos, ética y buen gobierno
La Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad (LINF) también hace referencia expresa al respeto por los Derechos Humanos. En concreto, especifica la necesidad de aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos, la prevención de los riesgos de vulneración de los mismos y, en su caso, a medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos.
Por último, la transparencia y la ética también encuentran su espacio en la normativa española sobre responsabilidad social corporativa. Así, por ejemplo, la ley exige la presentación de información sobre medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno o el blanqueo de capitales.
Rendición de cuentas
La normativa española sobre responsabilidad social corporativa permite a las empresas dos modalidades de presentación de esta información no financiera: mediante un informe de gestión o a través de un informe separado. En la primera modalidad, los administradores de la sociedad están obligados a presentar este informe de gestión en el plazo de tres meses a partir del cierre del ejercicio, y la información incluida en el mismo deberá estar verificada por una entidad independiente, la misión de esta entidad será asegurarse de que el estado de información no financiera está libre errores relevantes y contiene toda la información exigida por la ley. En la segunda, el informe separado deberá corresponder al mismo ejercicio e indicar de manera expresa que la información forma parte del informe de gestión. Además, esta información deberá ser accesible de forma gratuita en la página web de la compañía en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio y durante cinco años.
