Obligación ambiental de las empresas

Que el legítimo e incuestionable derecho a ganar dinero de las empresas no puede ser entendido como una licencia para actuar con impunidad sobre su entorno es un axioma universalmente aceptado y asentado en la mayoría de las sociedades modernas. La actividad empresarial ha de ser compatible con las necesidades tanto sociales como medioambientales del ecosistema en el que se desarrollan, así como con unos determinados principios éticos y de conducta. Dentro de ese alineamiento empresarial con los llamados criterios ASG (siglas en inglés de ambientales, sociales y de buen gobierno), la obligación ambiental corporativa implica guardar una serie de precauciones y acometer una gestión responsable de los riesgos que sitúe al medioambiente en el centro de la estrategia de cualquier compañía.

¿Cuáles son las obligaciones ambientales de las empresas?

Pero, ¿cuáles es exactamente la obligación ambiental de la empresa? Básicamente, estas hacen referencia a un compromiso ético y legal por medio del cual una compañía no solo debe asegurarse de minimizar el impacto ambiental de sus actividades y no poner con ellas en riesgo los ecosistemas, sino que también se compromete a contribuir activamente a adoptar prácticas sostenibles que favorezcan el desarrollo y conservación del entorno.

Bajo ese prisma, la responsabilidad ambiental de una compañía supone ir un paso más allá de esas estrictas obligaciones ambientales marcadas por ley, y asumir que la sociedad espera de ella que se conviertan en agentes activos del cambio y la lucha contra el cambio climático. Una «milla extra» en materia ambiental que se plasma, por ejemplo, en forma de compromisos empresariales para lograr la neutralidad en emisiones a través del cambio a renovables en sus suministros energéticos, la renovación de sus edificios y flotas de vehículos en clave sostenible o la gestión responsable de sus residuos.

¿Por qué es importante la responsabilidad ambiental en las empresas?

La responsabilidad ambiental de las empresas es importante por numerosas razones. En primer lugar, al estar vinculada a mandatos legales, asegura que las actividades empresariales no superan determinados umbrales de contaminación, lo cual incide positivamente en la conservación de los ecosistemas y las comunidades locales.

Al margen de estas evidentes ventajas ambientales, también las empresas obtienen interesantes beneficios derivados de seguir este tipo de políticas. Beneficios reputacionales, ya que la responsabilidad ambiental es un elemento cada vez más valorado tanto por los consumidores como por los inversores. Y también beneficios económicos. Respecto a estos últimos, cabe señalar:

• Los derivados por la evitación de multas y sanciones que una política ambiental descuidada puede acarrear en un contexto normativo cada vez más restrictivo en materia climática.
• Los procedentes de la ventaja competitiva que hoy en día supone posicionarse en el mercado como una empresa comprometida con el medio ambiente. Una empresa que busca impactos positivos con sus actuaciones y que, por tanto, es afín a la sensibilidad general y a las preferencias de los consumidores.
• Finalmente, los ahorros resultantes de aplicar prácticas eficientes en la optimización de recursos naturales, materias primas, eficiencia energética o gestión de residuos propios de las políticas y estrategias ambientales.

Ámbito de aplicación y obligaciones legales

La normativa es la palanca que consigue que los más o menos definidos compromisos ambientales de las compañías se acaben plasmando en políticas y acciones reales y efectivas. Numerosas leyes, tanto de ámbito comunitario como nacional, tratan la cuestión de la obligación ambiental de las empresas con aproximaciones que van desde lo general, hasta lo sectorial, o que regulan aspectos concretos de la misma como la gestión de residuos, la política del agua o las emisiones potencialmente nocivas. Algunas de ellas son:

• Reglamento (CE) nº1907/2006 o Reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas). Esta norma europea regula el uso de sustancias químicas para proteger la salud humana.
• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 . Marca las líneas maestras a nivel continental para la gestión sostenible de los residuos.
• Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental. Esta norma general traspone al ordenamiento jurídico español las disposiciones de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la prevención y reparación de daños medioambientales.
• Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Norma española cuyo objeto es asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, así como facilitar la descarbonización de la economía española y su transición hacia un modelo circular.
• Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Es la norma española que traspone la directiva de residuos europea y la actualiza en clave de Economía Circular.

Gestión de residuos y prevención de contaminación

La gestión de residuos se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla de las empresas dentro de sus obligaciones ambientales. En ese sentido, la citada Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular marca una hoja de ruta para la gestión de esos residuos, además de establecer una serie de objetivos concretos en materia de reducción de los mismos.

Gestionar los residuos de manera eficiente y sostenible es una de las principales obligaciones ambientales de las empresas. Un reto que pasa, entre otros aspectos, por reducir el peso y cantidad de los residuos generados o redefinir y ampliar las obligaciones de las empresas productoras a través de la figura de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

Emisiones y huella de carbono

El control de las emisiones nocivas de gases de efecto invernadero (GEI) y la medición de la huella de carbono de las actividades empresariales es otro de los grandes desafíos empresariales desde el punto de vista ambiental. En España, la entrada en vigor de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética obliga a las empresas de más de 50 empleados y a aquellas con una facturación superior a los 10 millones de euros a calcular y publicar su huella de carbono desde 2023. Además, estas compañías deben elaborar un plan que minimice sus emisiones de CO2 a la atmósfera.

La huella de carbono es un indicador que mide el porcentaje de gases de efecto invernadero (GEI) que emite una determinada empresa, producto o servicio a la atmósfera. Se basa en los datos vinculados a la actividad de esa empresa, como la cantidad de gas natural usado en sus procesos, los kilómetros recorridos por la flota de vehículos, etc. Para calcularlo, el dato de consumo de energía se multiplica por un factor de emisión previamente establecido. El resultado final de emisiones GEI se expresa en tres tipos de alcance:

• Alcance 1: Emisiones directas. Son las asociadas a aquellas actividades de la empresa que quedan directamente bajo su control, por ejemplo, el consumo de combustibles en los edificios y vehículos.
• Alcance 2: Emisiones indirectas. Derivadas de la compra y consumo de energía.
• Alcance 3: Otras emisiones indirectas. Son las generadas como resultado de actividades de la empresa, como viajes, compras y contratación de servicios, etc.

Una vez calculada la huella de carbono, las empresas deben diseñar un plan que permita reducir aquellas emisiones que no sean estrictamente necesarias. En ese sentido, la Unión Europea ofrece una serie de recomendaciones que pueden ayudar a las empresas a reducir su huella de carbono. Estas son:

• Inscribirse en registros de huella de carbono. En España, esta figura está cubierta por el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción, creado a partir del Real Decreto 163/2014 con el objetivo de fomentar el cálculo y la reducción de la huella de carbono de las empresas.
• Reducir el uso y consumo de energía, materias primas y productos.
• Programar la desconexión y apagado automático de los equipos.
• Compensar la huella de carbono. Esta figura trata de neutralizar las emisiones de CO2 que emite a la atmósfera una organización mediante el apoyo, impulso y financiación de proyectos de energías renovables, conservación de los entornos naturales o desarrollo de comunidades locales.
• Contratar energía de fuentes renovables.
• Cambiar el uso de gases refrigerantes por otros con menor potencial contaminante.
• Emplear bombillas de alta eficiencia energética.
• Promover el teletrabajo. Para, de esta forma, reducir el número de horas de los empleados en las instalaciones, así como adaptar su movilidad al centro de trabajo.
• Desarrollar una cadena de valor sostenible. Trabajando con proveedores que también calculen y registren su huella de carbono.

Sanciones y responsabilidad empresarial ambiental

Las obligaciones ambientales de las empresas facilitan un equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del planeta. Asegurar su cumplimiento es, por tanto, fundamental para asegurar un crecimiento sostenible en todos los ámbitos. Para garantizarlo, existe un régimen sancionador que puede acarrear consecuencias muy negativas para los infractores, y que, dependiendo de la norma y la gravedad de la infracción, pueden ir desde las multas más o menos cuantiosas hasta el cese de actividad de la empresa o incluso penas de cárcel para sus responsables. En ese sentido, en octubre de 2021 la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia que condenaba por primera vez a una pena de prisión de dos años y tres meses al autor responsable de un delito contra el medio ambiente por una gestión de residuos ilegal.

Sin necesidad de ir tan lejos, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular prevé sanciones por una mala gestión de los residuos de hasta 2.000 euros para las infracciones leves; de 2.001 a 100.000 euros para las graves, y de 100.001 a 3.500.000 euros en el caso de las muy graves. Si las infracciones son cometidas con residuos peligrosos o suelos contaminados, las cuantías se incrementan hasta 20.000 euros para las infracciones leves, de 20.001 a 600.000 euros para las graves y de 600.001 a 3.500.000 euros para las muy graves.

Pese a la espectacularidad de estas cifras, afortunadamente, las infracciones más habituales en materia de residuos se producen por ausencia, deficiencia y/o retraso en la entrega de la documentación, es decir, por cuestiones administrativas. Las multas por estas deficiencias burocráticas están en torno a los 900 euros.

Además del régimen sancionador, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental establece otra figura interesante: las medidas de reparación de responsabilidad ambiental. Estas tienen como objetivo reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales dañados por la acción empresarial. Las medidas son de tres tipos: primarias (restituyen o aproximan al máximo los recursos naturales al estado en que se encontraban antes del daño), complementarias (adoptadas en el caso de que la reparación primaria no haya logrado completamente su objetivo) o compensatorias (tomadas para compensar las pérdidas irreparables de recursos naturales).

Incentivos y reconocimientos

De la misma forma que existen sanciones para los infractores en materia medioambiental, es lógico inferir que de forma paralela existan incentivos para favorecer los comportamientos sostenibles en el seno de las empresas. Éstos, sin embargo, no están tan extendidos ni son tan claros como las primeras.

A nivel fiscal, por ejemplo, no existen exenciones en el Impuesto de Sociedades por buenas prácticas medioambientales. Lo que sí hay, en cambio, son nuevos impuestos ambientales, como los recogidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular: el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

A nivel local y autonómico, hay algo más de margen para el incentivo, con deducciones fiscales por inversión sostenible. Así sucede, por ejemplo, en Navarra o en la Comunidad Autónoma Vasca, donde la deducción por inversión en activos medioambientales oscila entre el 15% y el 30%.

Los principales incentivos ambientales están llegando a las empresas a través de la vía europea. Por ejemplo, los Fondos NextGenerationEU, gestionados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), ofrecen interesantes oportunidades en forma de ayudas para las empresas que aborden proyectos en los campos de las energías renovables, el autoconsumo eléctrico, la economía circular, la descarbonización industrial o el vehículo eléctrico.

Perspectivas futuras y adaptación a cambios legislativos

Con la sostenibilidad definitivamente instalada en las agendas tanto gubernamentales como corporativas, es de esperar que la legislación ambiental siga evolucionando con criterios cada vez más restrictivos.

Al mismo tiempo, el recorrido sostenible de las empresas está cada vez más asentado y definido en sus estrategias de negocio. Todo ello hace presagiar un impulso muy importante de la sostenibilidad ambiental como el gran eje de crecimiento empresarial en los próximos años.

Bajo esas premisas, es probable que se establezcan objetivos más ambiciosos en materias como la reducción de residuos, la disminución de la huella ambiental o la contribución al desarrollo sostenible a través de proyectos de impacto positivo. Todo ello podría dar lugar a una mayor demanda de profesionales especializados que se traducirá en interesantes oportunidades de empleo verde en empresas de todos los sectores y tamaños. En ese sentido, entidades como FMI prevén que en 2035 se crearán alrededor de 12 millones de empleos nuevos asociados a la transición ecológica.

Recomendaciones y conclusiones

Las crecientes necesidades que en materia de obligaciones ambientales tienen las empresas hacen aconsejable tomar una serie de medidas que faciliten su adaptación al nuevo entorno.

• Compromiso de la alta dirección. La implicación, ejemplo y labor prescriptora de los órganos de dirección es esencial para que una verdadera cultura de sostenibilidad ambiental se extienda a lo largo y ancho de la organización.

• Implementar sistemas de gestión ambiental. La mejor manera de asegurar un sistema organizado de cumplimiento normativo en materia ambiental es profesionalizar la función a través de la adopción de un sistema robusto, organizado y probado de gestión ambiental, como, por ejemplo, el ISO 14001.

• Impulsar la reducción de la huella de carbono. Desarrollar estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover una adecuada gestión de los residuos seguirán siendo los ejes de cualquier plan de sostenibilidad ambiental.

• Innovación y tecnología. La innovación y los desarrollos tecnológicos son aliados esenciales para mejorar el desempeño ambiental de las empresas.

• Transparencia y reporte. Mejorar la comunicación ambiental de las empresas las ayuda a construir una sólida reputación como organizaciones sostenibles, así como a incrementar sus niveles de credibilidad y confianza entre sus grupos de interés.

• Colaboración y alianzas. El trabajo colaborativo es otra palanca que puede llevar una estrategia sostenible hasta un nivel superior de impacto.