Consumo quiere limitar la publicidad de vuelos y transportes con combustibles fósiles
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de octubre el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el objetivo de fomentar un consumo más consciente y proteger el medio ambiente. La norma introduce varias medidas que buscan incentivar la sostenibilidad, mejorar la transparencia en la información al consumidor y promover la reparación y durabilidad de los productos.
Entre las novedades más destacadas, la ley prohíbe la publicidad de los vuelos cortos cuando exista una alternativa más limpia que no suponga un aumento de más de dos horas y media en el trayecto. También se limita la publicidad de combustibles fósiles y de vehículos que funcionen exclusivamente con este tipo de energía, con el fin de reducir la presencia de productos que contribuyen a la contaminación y al cambio climático.
El Anteproyecto regula además la llamada ‘publicidad del miedo’, que se basa en generar alarma o sensación de vulnerabilidad para influir en la decisión de compra, obligando a que los anuncios incluyan información objetiva y cuantificada sobre los riesgos. Asimismo, se busca combatir el greenwashing o ecopostureo, prohibiendo afirmaciones medioambientales genéricas y sin evidencia, como “amigo del medio ambiente” o “biodegradable”, y evitando que las marcas puedan inducir a error sobre su impacto ambiental.
Otro de los objetivos de la ley es luchar contra la obsolescencia programada, incentivando la reparación de productos durante el plazo legal de garantía. La norma establece que los productores, comercializadores o importadores deben asumir parte del coste de la reparación en los años posteriores a la garantía y crea una plataforma online para facilitar el acceso a reparadores confiables. Además, se prohíbe ocultar información sobre actualizaciones de software que puedan limitar la funcionalidad o la durabilidad de los bienes digitales.
El Anteproyecto de Ley aprobado también introduce medidas para proteger a los consumidores en el ámbito de la reventa de entradas y la transparencia de precios. Se prohíbe que los revendedores aumenten el precio de las entradas por encima del IPC desde la compra inicial y obliga a notificar de manera clara cualquier reduflación, es decir, la reducción de la cantidad de producto en un envase sin ajustar el precio, para que los consumidores puedan valorar correctamente lo que compran.
Con estas medidas, el Ministerio de Consumo busca asegurar una información más clara y fiable sobre los productos y servicios, promover la economía circular, la reparación y el consumo responsable, reforzando la protección de los derechos de los consumidores y avanzando hacia un modelo económico más sostenible. El anteproyecto ha entrado en fase de audiencia e información pública antes de ser debatido nuevamente en el Consejo de Ministros y enviado al Congreso para su aprobación.
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