ley de residuos y suelos contaminados

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Nace la Ley de Residuos y Suelos contaminados tras la aprobación del dictamen por parte del Congreso el 23 de diciembre, la norma todavía debe pasar por el Senado y volver a la Cámara Baja para su aprobación definitiva en 2022

 

¿Cuál es la ley de residuos y suelos contaminados?

 

La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una Economía Circular, entró en vigor el pasado 10 de abril. Su objeto es revisar la anterior legislación acerca de esta materia vigente en España e incorporar al ordenamiento jurídico español las modificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2018/851, una directiva que ataca directamente a la generación de residuos, y no sólo a sus impactos, e incorpora expresamente la obligación de realizar una transición hacia una economía circular.

 

¿Qué es la ley 22/2011?

 

La nueva Ley viene a actualizar y sustituir a la anterior: la Ley 22/2011, del 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Esta norma incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva Marco europea de residuos, al mismo tiempo que revisaba la regulación acerca de esta materia existente en España, que databa del año 1998.

 

Esta ley introdujo por primera vez en el ordenamiento jurídico español algunos conceptos acuñados en la legislación europea, entre ellos, “subproducto” o el del “fin de la condición de residuo”, que contribuían a delimitar la aplicación del régimen jurídico de los residuos. Esta norma ya establecía objetivos en materia de prevención de residuos para el año 2020, adoptando para ello los establecidos por la Unión Europea para los residuos domésticos y similares y para los residuos de construcción y demolición.

 

Otra de las novedades que trajo la Ley 22/2011 fue un marco regulatorio armonizado para la responsabilidad ampliada del productor, además de revisar el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados.

 

Ley de Residuos y Suelos Contaminados, ¿qué es?

La nueva ley de residuos y suelos contaminados española entró en vigor el pasado el pasado 10 de abril de 2022, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Como excepción figura el Título VII Medidas fiscales para incentivar la economía circular, que entra en vigor el 1 de enero de 2023.

 

Esta Ley 7/2022 traspone las directivas europeas de Residuos y de Plásticos de un Sólo Uso con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos y contribuir así a atajar la emergencia climática. La norma da un papel protagonista a las medidas de prevención en la política de residuos, y se plantea una reducción de la producción de desechos del 13% en el año 2025 y de un 15% en 2030 respecto a los generados en 2010.

 

Entre las novedades incorporadas al texto de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados , se encuentran nuevas tasas a distintos conceptos de residuos o la posibilidad de prohibir fumar en las playas. Asimismo se ha modificado el nombre de la ley para incluir el concepto de ‘economía circular’, que se incluye por primera vez en un texto legal en España.

 

Según ha destacado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), otras de las novedades es la consideración de ciertas particularidades en las tasas municipales de residuos, como la participación en compostaje doméstico o comunitario, así como que establece nuevas obligaciones para los productores a la hora de proporcionar información sobre la posibilidad de reparar los productos eléctricos y electrónicos.

 

Además, se introducen una serie de modelos alternativos de recogida selectiva, como los contemplados para algunos envases ligeros, como las latas y los botellines de plástico. En su Paquete de Economía Circular, la Comisión Europea exige que en 2025 se recicle al menos un 65% de los envases comercializados y un 75% del papel y el cartón. En este sentido, el texto incorpora la posibilidad de implantar, a partir de finales de 2023 y tras una evaluación previa, el sistema de depósito, devolución y retorno de envases vinculando su establecimiento obligatorio en todo el territorio del estado al incumplimiento de unos objetivos intermedios de recogida separada de botellas de plástico de bebidas fijados para 2023 y 2027, del 70 y 85% respectivamente.

 

En cuanto a las actuaciones contra el desperdicio de alimentos, se prohíbe la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos, tales como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, entre otros, que deberán destinarse preferentemente a reutilización y reciclado.

 

Reducción y gestión de residuos, clave para la Ley de Residuos y Suelos Contaminados 

Además, para reducir el consumo de envases, en los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los clientes la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y también las administraciones públicas deberán adoptar medidas necesarias para reducir el consumo de agua embotellada en sus dependencias y en otros espacios públicos, sin perjuicio de que en los centros sanitarios se permita la comercialización en envases de un solo uso.

 

Entre las principales novedades, en el ámbito de la gestión de los residuos, cabe destacar el establecimiento de un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para su valorización, además de la ya existente para el papel, los metales, el plástico y el vidrio.

 

Asimismo, fija objetivos más ambiciosos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales: un incremento del 5% cada cinco años hasta alcanzar el 65% en 2035, estableciendo porcentajes específicos de preparación para la reutilización, dentro de cada uno de esos objetivos, siendo del 15% en 2035.

 

Limitaciones a los plásticos

El texto de la Ley prohíbe la introducción en el mercado de productos de plástico como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, cualquier producto hecho con plástico oxodegradable, así como las microesferas de plástico de menos de 5 mm.

 

Entre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos  sus tapas y tapones, y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50% en 2026 y un 70% para 2030, respecto a 2022 en ambos casos. Para cumplir con estos objetivos, se habrá de fomentar el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico. Desde el 1 de enero de 2023 queda prohibida su distribución gratuita y deberá cobrarse un precio por cada uno de los productos de plástico que se entreguen al consumidor.

 

Por otra parte, uno de los aspectos más polémicos de la nueva legislación de residuos es la introducción de una nueva fiscalidad ambiental, con un impuesto sobre el vertido e incineración a partir de 2023, y otro que gravará la producción de plásticos con 0,45 euros por kilogramo.

 

Medidas fiscales para incentivar la economía circular

Además del mencionado impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, se incluye un impuesto a la incineración, coincineración y al depósito de residuos en vertedero, así como la obligación para las entidades locales en el plazo de 3 años de desarrollar una tasa asociada a los servicios de gestión de residuos que prestan. Se trata de una de las novedades incorporadas al texto.

 

En cuanto a la responsabilidad ampliada del productor (RAP), la propuesta normativa revisa la regulación marco en coherencia con la normativa comunitaria, explicitando las obligaciones que se pueden imponer mediante Real Decreto, otro texto, aún por aprobar, que desarrolla la Ley. Asimismo, prevé la aplicación de la RAP en textiles, muebles y enseres y plásticos agrarios tres años después de la entrada en vigor de la Ley.

 

Proceso de Tramitación

La Ley 7 2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular ha llegado al ordenamiento jurídico español con bastante retraso respecto al calendario inicialmente previsto. 

A finales de 2021 el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados superó el trámite parlamentario en el Congreso tras meses de negociaciones y numerosas enmiendas al texto final, medio año más tarde de la fecha exigida por Europa, que establecía la prohibición de la comercialización de determinados productos plástico de un solo uso desde el 1 de julio de 2021.

La votación parlamentaria se saldó con 182 votos a favor, 88 abstenciones (PP y BNG) y 70 votos en contra de los grupos parlamentarios PdCat, CUP, ERC y Vox.

Próximamente, a finales de 2022 o principios de 2023, está previsto la aprobación del borrador del nuevo Real Decreto de Envases donde se desarrollan buena parte de las medidas establecidas en esta Ley.

Más información:  miteco.gob.es y elconfidencial.com

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