Ley de Residuos y Suelos Contaminados
Publicado por Ecoembes el 21 de diciembre de 2022
La gestión de los residuos en España dejó de ser una cuestión meramente operativa con la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta norma representa el marco legal más ambicioso que ha tenido el país en materia de residuos y supone una transformación profunda para empresas, administraciones y ciudadanía.
Si tu organización genera residuos, pone productos en el mercado o gestiona envases, esta ley te afecta directamente. A continuación, te ofrecemos una guía práctica con las claves esenciales.
¿Qué es la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular?
La Ley 7/2022 es la norma básica estatal que regula la prevención, producción y gestión de residuos en España. Entró en vigor el 10 de abril de 2022, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y vino a sustituir a la anterior Ley 22/2011.
Su finalidad principal es reducir el impacto global del uso de los recursos, proteger el medio ambiente y la salud humana, y hacer efectiva la transición hacia una economía circular. Para ello, traspone la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo —que modifica la Directiva Marco de Residuos— y la Directiva (UE) 2019/904 sobre plásticos de un solo uso.
Una de sus novedades más relevantes es que, por primera vez en un texto legal de este tipo, se incluye de forma explícita el concepto de economía circular como un objetivo de obligado cumplimiento y no solo como una aspiración.
Objetivos de la normativa de residuos
La ley establece una hoja de ruta con objetivos cuantitativos y cualitativos que afectan tanto a administraciones como a empresas. Los más destacados son:
- Reducción en peso de los residuos generados de un 13% en 2025 y un 15% en 2030, respecto a los generados en 2010.
- Objetivos de reciclado de residuos municipales: 55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035.
- Objetivos de preparación para la reutilización para determinadas fracciones de residuos.
- Implantación de nuevas recogidas separadas obligatorias para biorresiduos, textiles, aceites de cocina usados y otros residuos domésticos para los que la recogida separada pasa a ser obligatoria.
- Creación del Sistema electrónico de Información de Residuos (eSIR) para mejorar la trazabilidad y el control de los flujos de residuos en todo el territorio.
Restricciones y limitaciones a los plásticos de un solo uso
La ley incorpora algunas de las restricciones más visibles para la ciudadanía y las empresas: la prohibición de comercializar determinados productos de plástico y la imposición de objetivos de reducción para los envases.
Entre los productos que ya no pueden introducirse en el mercado, en el artículo 57 de la Ley 7/2022 figuran las pajitas, los bastoncillos de algodón, los cubiertos y platos desechables, los productos fabricados con plástico oxodegradable y las microesferas de plástico de menos de 5 mm.
Para otros artículos de plástico de un solo uso, como vasos para bebidas y recipientes alimentarios de consumo inmediato, la ley establece la obligación de cobrar por su prestación y prevé objetivos de reducción progresiva en el marco de la normativa europea aplicable. Desde el 1 de enero de 2023, además, quedó prohibida la distribución gratuita de vasos y recipientes de plástico de un solo uso para bebidas y alimentos de consumo inmediato en el establecimiento.
En cuanto a los envases, según el artículo 59 de la Ley 7/2022, a partir del 1 de enero de 2025 las botellas de PET de hasta 3 litros comercializadas en España deben incorporar al menos un 25% de plástico reciclado. A partir de 2030, ese umbral se eleva al 30%.
Impuestos y medidas fiscales para incentivar el reciclaje
El Título VII de la ley introduce dos nuevas figuras impositivas de ámbito estatal:
- Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables (IEPNR): grava con 0,45 euros por kilogramo la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables. Entró en vigor el 1 de enero de 2023.
- Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración: penaliza los tratamientos de residuos situados en los escalones más bajos de la jerarquía, incentivando su reciclado o valorización antes de recurrir a su eliminación.
A estos dos impuestos se suma la obligación para las entidades locales de desarrollar, en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la norma, una tasa municipal de residuos vinculada al principio de «quien contamina, paga».
Obligaciones de las empresas
La Ley 7/2022 no se limita a regular la fase final del ciclo de vida de los residuos. Obliga a actuar desde el diseño, la producción y la comercialización, lo que supone una transformación estructural para muchas organizaciones. Estas son las obligaciones más relevantes para las empresas:
Jerarquía de residuos
Las empresas deben priorizar, en este orden:
- La prevención
- La preparación para la reutilización
- El reciclado
- La valorización
- Solo como último recurso, la eliminación
Este principio no es una recomendación, sino una obligación legal que orienta todas las decisiones de gestión de residuos.
Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)
Los fabricantes, importadores y distribuidores de determinados productos —envases, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, vehículos al final de su vida útil, aceites industriales usados— deben financiar y organizar sistemas de recogida, reutilización y reciclaje. La ley prevé además la extensión de la RAP al sector textil, al mobiliario y a los plásticos agrarios en un plazo de tres años desde su entrada en vigor.
Las empresas pueden cumplir sus obligaciones de RAP a través de sistemas individuales o colectivos (los conocidos como SCRAP). La adaptación a las nuevas obligaciones debía haberse completado antes del 5 de enero de 2023.
Plan de minimización de residuos peligrosos
Desde el 1 de julio de 2022, los productores iniciales de residuos peligrosos que no estén expresamente exentos tienen la obligación de contar con un plan de minimización que recoja las medidas adoptadas para reducir tanto la cantidad como la peligrosidad de los residuos que generan.
Información y trazabilidad
Las entidades que producen, transportan o gestionan residuos peligrosos están obligadas a remitir anualmente una memoria a las comunidades autónomas correspondientes. Estos datos se integran en el Sistema electrónico de Información de Residuos (eSIR), que permite un seguimiento preciso de los flujos de residuos a nivel nacional.
Suelos contaminados
La ley refuerza las obligaciones relacionadas con la identificación y recuperación de suelos contaminados. Las empresas que hayan contaminado un terreno mediante su actividad están obligadas a garantizar su descontaminación. Se crea también un Inventario de declaraciones de suelos contaminados y de descontaminaciones voluntarias.
Medidas contra el desperdicio alimentario
La ley prohíbe la destrucción o eliminación en vertedero de excedentes no vendidos de productos no perecederos, como textiles, juguetes o aparatos eléctricos, entre otros. Estos excedentes deben destinarse prioritariamente a canales de reutilización o donación y, cuando no sea posible, a las siguientes opciones de la jerarquía de residuos.
El impacto de la ley en la transición hacia la economía circular
La Ley 7/2022 supone mucho más que un cumplimiento normativo. Es el impulso legal que convierte la economía circular en una obligación progresiva para el tejido empresarial español. Ya no basta con gestionar correctamente el residuo cuando aparece: la ley obliga a actuar antes.
Para las empresas, esto implica a la vez un reto y una oportunidad. Las organizaciones que anticipen estos cambios e integren la circularidad en sus procesos no solo evitarán sanciones, sino que ganarán competitividad, eficiencia y reputación de cara a sus clientes, inversores y administraciones públicas.
La norma se complementa con desarrollos reglamentarios posteriores, como el Real Decreto 1055/2022 de Envases y Residuos de Envases, y se alinea con el marco europeo de la economía circular definido por el Pacto Verde Europeo y el Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR). Conocerla y aplicarla es una condición básica para operar de forma sostenible y legal en España.
Contenido actualizado a 03 de junio de 2026
