¿Qué es la Ley de evaluación ambiental?

Para explicar qué es la Ley de evaluación ambiental debemos explicar, en primer lugar, qué significa el concepto de evaluación ambiental.

Se trata de analizar -bajo criterios sostenibles- planes, programas y proyectos que puedan tener un impacto en el medioambiente. El objetivo es establecer las mejoras que sean necesarias para minimizar el posible impacto negativo de los mismos antes de que se ejecuten.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece los requisitos necesarios para llevar a cabo este proceso de análisis. Aunque, con posterioridad otras leyes añaden modificaciones que también afectan al proceso.

Leyes que regulan la evaluación ambiental

La principal norma que regula este procedimiento es la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. La Ley 9/2018 por su parte, también incorporó algunas cuestiones, como veremos a continuación.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

La Ley de Evaluación Ambiental del año 2013 aportó tres grandes novedades: simplificación de trámites para las empresas, refuerzo de la protección medioambiental y homogeneizar las diferentes normativas autonómicas, para que las empresas tengan el mismo marco regulatorio en todo el territorio nacional.

Simplificación de trámites

Para lograr este objetivo se actuó en cuatro grandes áreas:

1. Dar un esquema más homogéneo a los procesos para realizar una evaluación ambiental estratégica y una evaluación de impacto ambiental.
2. Reducir a cuatro meses el plazo máximo para resolver una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
3. Retirar algunos trámites que con anterioridad eran obligatorios.
4. Incorporar nuevas tecnologías en la administración de estos procesos, para agilizar las gestiones.

Reforzar la protección del medio ambiente

La normativa incorporó el carácter de proporcionalidad. Es decir, el procedimiento de evaluación ambiental será más detallado cuanto mayor sea el riesgo o impacto que pueda tener el proyecto sobre el medio ambiente. Otras dos cuestiones relevantes para aumentar la protección del medioambiente fueron:

• Exigir más calidad técnica a los documentos ambientales presentados.
• Exigir que todos los proyectos de fracking estuvieran sometidos a evaluaciones de impacto ambiental.

Armonización de los procedimientos administrativos autonómicos

Se incluyó la armonización porque diferentes procedimientos administrativos creaban disfunciones respecto a las cargas administrativas en función de la comunidad autónoma de la que se tratara.

Por otro lado, distintas regulaciones dificultan la productividad. Con el cambio planteado en su momento por esta normativa, los promotores saben de antemano qué requerimientos tendrán que cumplir para un determinado plan, proyecto o programa.

La Ley 9/2018 y los cambios que supuso en materia medioambiental

La Ley 9/2018 incorporó cambios en tres leyes ya existentes. Entre ellas la Ley de Evaluación Ambiental de 2013.

Respecto a los trámites, establece que se deben utilizar de forma preferente medios electrónicos. El objetivo es facilitar y agilizar que cualquier persona que pueda estar interesada en participar en las mismas pueda hacerlo de forma más sencilla.

Profundizando en los trámites necesarios para una evaluación ambiental, marca una nueva obligación. El promotor tendrá que incluir en el estudio de impacto ambiental el análisis de vulnerabilidades ante accidentes graves o catástrofes.

En concreto, será necesario establecer el riesgo que se derivaría de estas eventualidades, así como los efectos que podrían tener sobre el medio ambiente, en caso de producirse.

También plantea novedades para los proyectos que no requieren de evaluación ambiental. El principal cambio es que ya no se podrá marcar una ley que excluya un tipo de proyecto concreto.

Dos últimas modificaciones relevantes de la normativa de 2018 afectan a la Administración Pública. En primer lugar, la nueva norma obliga a formar al personal público. Con el objetivo de que cuente con conocimientos suficientes para someter a estudio los documentos ambientales que se presenten en la evaluación ambiental.

Por último, establece como necesario realizar un nuevo trámite de información pública a las Administraciones y personas interesadas cuando el promotor añada modificaciones que generen un cambio importante con respecto al impacto medioambiental inicialmente presentado.