¿Qué es la Ley de evaluación ambiental?

Para explicar qué es la Ley de evaluación ambiental, debemos entender primero el concepto que regula: se trata del análisis, bajo criterios sostenibles, de aquellos planes, programas y proyectos que puedan tener un impacto significativo en el entorno.

El objetivo principal de esta normativa es establecer las mejoras necesarias para minimizar cualquier posible impacto negativo antes de la ejecución de los proyectos. La norma base que marca los requisitos para este análisis es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, aunque ha sufrido modificaciones posteriores para adaptarse a nuevas realidades.

Leyes que regulan la evaluación ambiental

El marco regulatorio se apoya principalmente en la Ley 21/2013, pero se vio complementado y actualizado por la Ley 9/2018, que introdujo matices importantes en los procedimientos.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Esta normativa supuso un punto de inflexión al buscar la homogeneización de las normativas autonómicas y ofrecer un marco común para todas las empresas en territorio nacional. Sus principales aportaciones se resumen en:

• Simplificación administrativa. Se unificaron los esquemas para la evaluación ambiental estratégica y la de impacto ambiental, reduciendo plazos (máximo 4 meses para la ordinaria) y eliminando trámites innecesarios mediante el uso de nuevas tecnologías.
• Mayor protección ambiental. Se introdujo el principio de proporcionalidad (a mayor riesgo, evaluación más detallada) y se exigió mayor calidad técnica en los documentos, incluyendo obligatoriamente los proyectos de fracking en estas evaluaciones.
• Armonización territorial. Se corrigieron las disfunciones derivadas de tener diferentes procedimientos según la comunidad autónoma, facilitando la productividad y la seguridad jurídica de los promotores.

La Ley 9/2018 y los cambios que supuso en materia medioambiental

La modificación de 2018 actualizó la ley anterior introduciendo nuevas obligaciones y modernizando el acceso a la información:

• Digitalización. Se estableció el uso preferente de medios electrónicos para facilitar la participación de cualquier persona interesada.
• Análisis de vulnerabilidad. Es obligatorio incluir en el estudio el riesgo de accidentes graves o catástrofes y sus posibles efectos sobre el medio ambiente.
• Sin exclusiones por ley. Se eliminó la posibilidad de aprobar leyes específicas para excluir tipos de proyectos concretos de la evaluación ambiental.
• Formación y transparencia. Obliga a formar al personal público para mejorar el análisis de documentos y exige un nuevo trámite de información pública si el promotor realiza cambios significativos sobre el proyecto inicial.

¿Cuáles son los principios de la Ley de evaluación ambiental?

El texto legal se fundamenta en siete principios básicos que rigen todo el proceso. Para medir si estos principios se cumplen, es fundamental el uso de indicadores ambientales que permitan cuantificar el impacto real.

• El principio de «quien contamina, paga»
• La simplificación de los procedimientos administrativos
• La cooperación entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas
• La acción preventiva
• La corrección y compensación de impactos
• La protección del medioambiente
• La mejora de los entornos medioambientales

Tipos de evaluaciones ambientales según la Ley

La normativa distingue entre dos procedimientos: ordinario y simplificado. Esta clasificación depende de si se prevé que el proyecto tenga efectos significativos en el medio ambiente (ordinario) o impactos menores (simplificado).

• Evaluación Ordinaria. Aplica a centrales térmicas, nucleares, parques eólicos, fundiciones de acero o grandes explotaciones mineras y ganaderas.
• Evaluación Simplificada. Se utiliza para astilleros, almacenamiento de gases, vías ferroviarias, ciertas instalaciones eléctricas o cambios de uso de suelo superiores a 50 hectáreas.

Es importante no confundir este trámite legal obligatorio con una auditoría ambiental, que es una herramienta de gestión que las empresas pueden realizar de forma voluntaria para evaluar su desempeño.

¿Cuál es el procedimiento ordinario en la evaluación de impacto ambiental?

El proceso sigue un esquema estructurado para garantizar la transparencia y el rigor técnico:

• Inicio. El promotor elabora y presenta el estudio de impacto ambiental.
• Información pública. El órgano sustantivo (administración competente) somete el proyecto a consultas de las administraciones afectadas y personas interesadas.
• Análisis. El expediente completo se remite al órgano ambiental para su análisis técnico.
• Declaración. Se emite la declaración de impacto ambiental, que puede ser procedente, no procedente, o procedente con medidas correctoras y compensatorias. Esta decisión se publica oficialmente y no es recurrible.

Plazos para realizar las evaluaciones ambientales

Preguntas frecuentes

¿Cuándo entró en vigor la Ley de Evaluación Ambiental?

La norma principal que rige actualmente es la Ley 21/2013, aprobada el 9 de diciembre de ese año. Posteriormente, se han realizado actualizaciones relevantes, como la introducida por la Ley 9/2018, para adaptarse a las directivas europeas y mejorar los procedimientos.

¿Qué aspectos trata de corregir la Ley?

La Ley busca solucionar dos problemas históricos: la lentitud en la emisión de declaraciones de impacto ambiental y la excesiva disparidad de normativas entre Comunidades Autónomas. Antes de esta ley, una misma actividad podía enfrentar exigencias muy distintas según su ubicación, lo que generaba inseguridad jurídica y riesgo de deslocalización. La armonización de procedimientos busca corregir estas ineficiencias.

¿Qué ocurre con el silencio administrativo en la ley de evaluación ambiental?

A diferencia de otros trámites, aquí el silencio administrativo es negativo. Si los informes no se emiten en los plazos establecidos, la evaluación se considera desfavorable. Esto impide que un proyecto comience sin la debida supervisión. Si un promotor inicia las obras basándose en el silencio administrativo, se expone a sanciones y a la obligación de restituir el entorno a su estado original.

¿Pueden inadmitir una solicitud de evaluación ambiental?

Sí. Existe un trámite de inadmisión especial diseñado para informar al promotor, desde una fase temprana, que su proyecto no obtendrá una declaración favorable. Esto ocurre, por ejemplo, si se solicita activar un proyecto sustancialmente idéntico a uno que ya fue desestimado ambientalmente en el pasado.