Todo sobre el Impuesto de Residuos: novedades, aplicación e impacto

La fiscalidad ambiental es uno de los instrumentos con los que cuentan las administraciones públicas para facilitar y acelerar el tránsito hacia modelos de economía circular en los que las empresas y los ciudadanos hagan una gestión más sostenible de recursos y residuos. Se trata de un campo tributario en continua evolución y que ha experimentado novedades de calado en los últimos años. La última de estas novedades llegó el pasado mes de abril con la entrada en vigor de la nueva tasa de basuras o impuesto de residuos que afecta a las Comunidades Autónomas.

¿Qué es el impuesto de residuos? Definición y marco legal actual

Un impuesto de residuos es un tipo de impuesto ambiental cuya base imponible se calcula en función de los residuos generados y/o gestionados por empresas y particulares. Su objetivo es desincentivar la generación de residuos excesivos, en especial de aquellos perjudiciales para el medioambiente o peligrosos, y la realización de prácticas contrarias a la circularidad. 

Conceptualmente, existe cierta confusión en el uso del término, que suele asociarse por igual a dos tipos de impuestos ambientales. 

• Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos (1). Este tributo fue introducido en la normativa española por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, y su hecho imponible es «la entrega de residuos para su eliminación en vertederos y también para su eliminación o valorización energética en instalaciones de incineración o coincineración autorizadas». Se calcula en función del peso en toneladas del residuo depositado en el vertedero, incinerado o coincinerado, y sus contribuyentes son las personas físicas o jurídicas que entreguen el residuo a la instalación de vertido, incineración o de coincineración. Normalmente, empresas.

• • El objetivo que se persigue con este impuesto es desalentar unas prácticas empresariales como la incineración y el depósito en vertederos que, si bien son legales, se encuentran en las últimas posiciones de la jerarquía de residuos que marca la circularidad.

• • Se calcula en función del peso en toneladas del residuo depositado en el vertedero, incinerado o coincinerado, y sus contribuyentes son las personas físicas o jurídicas que entreguen el residuo a la instalación de vertido, incineración o de coincineración, principalmente empresas.

• • En diversos documentos oficiales, como el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado), se hace referencia a este impuesto como Impuesto de Residuos (2), por ejemplo, durante la fase de tramitación de enmiendas a la ley que lo creó. Una elipsis en favor de la economía de lenguaje que, sin embargo, podría dar a entender que se trata del único impuesto que se ocupa de los residuos, lo que puede generar cierta confusión.

• Impuesto de gestión de residuos o tasa de basuras.  Pero no hace falta cambiar de norma para llegar a la conclusión de que el impuesto a la incineración no es el único tributo directamente relacionado con los residuos. En su artículo 11.3 (3), la misma Ley 7/2022 prevé la creación de un impuesto de gestión de residuos o tasa de basuras cuyo hecho imponible es la prestación del servicio de gestión de residuos por parte de los servicios municipales, lo que incluye la recogida, transporte y tratamiento de residuos generados en viviendas y locales comerciales. Se trata de un tributo municipal obligatorio en el que se considera que el hecho imponible se produce tanto si se utiliza el servicio como si no (4).

• • El marco legal actual que regula estos impuestos es, por tanto, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que a su vez incorpora las directrices de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. Y, por otra parte, también la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (5), que establece la operativa de su abono.