Fiscalidad ambiental, claves para la gestión eficiente en empresas

La lucha contra el cambio climático es, sin duda, uno de los objetivos prioritarios de las sociedades actuales. Fenómenos climáticos extremos, como la reciente DANA que impactó de forma devastadora la provincia de Valencia, no son simples avisos, son la evidencia de las consecuencias a las que se enfrenta el planeta si sus habitantes no somos capaces de detener el calentamiento global.

Reducir la huella ambiental de las actividades empresariales, tanto en el ámbito de las emisiones de CO2 como en la gestión de residuos, es una de las vías más directas con las que contamos para detener una peligrosa deriva climática. Pero es difícil que los agentes económicos puedan encauzar las políticas necesarias para lograrlo a tiempo por sí solos. Y ahí es donde intervienen las distintas administraciones públicas con un instrumento que puede ayudar a acelerar esa necesaria descarbonización de la economía: la fiscalidad ambiental.

¿Qué es la fiscalidad ambiental y cómo afecta a las empresas?

El Marco Estadístico Europeo, desarrollado conjuntamente por Eurostat, la Comisión Europea, la OCDE y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en 1997, define los impuestos medioambientales como «aquellos cuya base imponible es una unidad física, o similar, de algún material con impacto negativo, comprobado y específico sobre el medio ambiente».

La fiscalidad verde aporta una serie de beneficios a las empresas. Entre ellos, que internaliza las externalidades negativas, promueve el ahorro energético y la utilización de fuentes renovables, desincentiva comportamientos poco sostenibles o estimula la innovación en sostenibilidad. Además, permite recaudar dinero para el Estado, ingresos que pueden ser revertidos en políticas medioambientales y/o en la reducción de otros impuestos.

En España, los impuestos ambientales alcanzaron los 22.880 millones de euros en 2023, lo que supuso un 10,7% más que en el año anterior. Esta cifra representó el 6,5% del total de impuestos recaudados.

La fiscalidad ambiental afecta a las empresas en una doble dirección:

• Incentivos fiscales. Para aquellas compañías que acrediten una mejora de sus desempeños ambientales, por ejemplo, en cuanto a emisiones EGI o generación de residuos.

• Tributos medioambientales. Son impuestos especiales que gravan determinadas actividades susceptibles de perjudicar al medio ambiente, por ejemplo, el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

Un impuesto que, sin ser estrictamente medioambiental, tiene un efecto directo en los comportamientos ambientales de las empresas es el recientemente prorrogado para 2025 impuesto a las compañías energéticas. Este tributo grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas energéticas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares. El impuesto cuenta con una bonificación máxima del 60% para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas que sean «esenciales» para la transición ecológica y la descarbonización, una circunstancia que lo vincula directamente al medioambiente.

Se trata de un impuesto, muy criticado por el sector ya que, entre otras cosas, no hace distinción entre la naturaleza del origen de la energía producida (renovable o derivada de energías fósiles), sino que solo atiende al volumen del negocio total. Esto, paradójicamente, podría perjudicar la expansión de las renovables, ya que podría retraer a las empresas de invertir en nuevos proyectos asociados estas tecnologías para no incrementar su cuenta impositiva.