Proyecto de Ley de Desperdicio Alimentario: así impactará en las empresas la futura norma

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Introducción

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que cada año se desperdician alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimentos en el mundo, es decir, un 30 % de lo que se produce. La legislación es la vía a través de la cual los gobiernos tienen la capacidad de reducir esas alarmantes cifras, ayudando, al mismo tiempo, a fomentar una cultura de prevención, educación y concienciación en relación al aprovechamiento de los productos alimentarios. Ese es precisamente el objetivo del Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una iniciativa legislativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que ha retomado este año su periplo parlamentario tras haber sido interrumpido en la anterior legislatura a causa de la disolución de las Cortes por la convocatoria anticipada de elecciones.

 

Una ley pionera contra el desperdicio alimentario

 

Esta norma dotará por primera vez a España de un marco legal específico para reducir la cantidad de alimentos y bebidas que cada año se pierden en algún punto de la cadena de suministro alimentario. En 2022 (último año del que hay datos disponibles), en cada hogar español se desperdició una media de 65,5 kilos de alimentos y litros de bebidas. Una cifra que, pese a suponer una significativa mejora respecto a la registrada el año anterior (un 9 % menos que en 2021), continúa siendo excesiva. Con un enfoque claramente situado en la prevención y en la concienciación, el objetivo de la futura ley es proporcionar a productores, distribuidores, minoristas, restaurantes y a los mismos consumidores unas reglas de juego claras que les ayuden a implementar prácticas sostenibles y responsables en materia de alimentos.

 

El Proyecto de Ley de Desperdicio Alimentario se alinea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que en su punto 12.3 habla de «la necesidad de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante correspondiente a los niveles de venta al por menor y consumo, así como disminuir las pérdidas a lo largo de las cadenas de producción y suministro para el año 2030».

 

Compromiso nacional para reducir el despilfarro

 

Esta ley está motivada, en palabras del titular de la Cartera de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, por «el imperativo categórico que tienen los poderes públicos de reducir drásticamente el volumen de desperdicio alimentario, en consonancia con las grandes líneas del Gobierno de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico». Con ella se quiere contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable a través de, entre otras, medidas, la utilización eficiente de los alimentos, la recuperación y reutilización de subproductos o las donaciones de excedentes.

 

Objetivo: concienciar y regular

 

Pese a que, como cualquier norma, la futura Ley de Desperdicio Alimentario también cuenta con un régimen sancionador, su objetivo primordial, aseguran sus promotores, no es tanto sancionar o ejercer como elemento coercitivo, como convencer y sensibilizar. A través de unos estándares claros, se pretende concienciar y regular las prácticas que contribuyen al desperdicio de alimentos, como errores en la planificación y calendario de las cosechas, prácticas de producción y manipulación inadecuadas, malas condiciones de almacenamiento, técnicas erróneas de venta al por menor o comportamientos inadecuados por parte de los consumidores. También se aspira a crear un entorno en el que empresas y consumidores adquieran conciencia del impacto que sus acciones tienen en el equilibrio del sistema alimentario y se comporten de una forma más sostenible en relación al mismo.

 

Este proyecto de ley recuerda que evitar el desperdicio alimentario es una obligación que no solo atañe a los reguladores y a la Administración, sino que implica a todos los operadores de la cadena y al conjunto de la sociedad.

En cuanto a fines específicos, el texto hace referencia a los siguientes:

a) Disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos mediante una gestión más eficiente de los recursos, promoviendo así la bioeconomía circular.
b) Sensibilizar e informar a los agentes de la producción, transformación, distribución, hostelería, restauración, personas consumidoras y ciudadanía en general.
c) Fomentar la donación de alimentos garantizando la seguridad alimentaria y la trazabilidad.
d) Promover la recuperación y distribución de excedentes de alimentos con fines de solidaridad social, asignándole como prioridad para uso humano.
e) Favorecer la investigación e innovación en el ámbito de la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
f) Dar respuesta al objetivo sobre producción y consumo responsables de la Agenda 2030.
g) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes.

 

Cambios que deberán hacer las empresas

 

La nueva ley obligará a los agentes de la cadena de valor de la alimentación a realizar ajustes en sus operativas.

● Plan de prevención. Una de esas novedades será la obligatoriedad para las empresas del sector de contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio que les permita realizar un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identificar áreas en las se producen pérdidas de alimentos y adoptar medidas que permitan o bien minimizarlas, o bien encontrarse usos alternativos.
● Donaciones. Se establece que los agentes de la cadena «deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos». Además, en estos acuerdos se deberán explicitar las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos. Quedarán exentas de la obligación de realizar los mencionados convenios de donación las actividades de distribución alimentaria desarrolladas en establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior o igual a 1.300 m2.

 

Cambios de deberán hacer los consumidores

 

Al contrario de lo que sucede con las empresas, el Proyecto de Ley de Desperdicio Alimentario no interpela directamente a los consumidores. Lo que sí, en cambio, enfatiza es el carácter solidario y colectivo de la lucha contra el despilfarro, lucha en la que los ciudadanos juegan un papel determinante. En ese sentido, existen muchas vías a través de las cuales los consumidores pueden contribuir a reducir esas cantidades de alimentos no aprovechados. Desde planificar las compras con antelación, hasta aprender a interpretar los etiquetados, fijarse en las fechas de caducidad, conservar correctamente los alimentos en casa o aprovechar las «sobras» a través de prácticas sostenibles como la cocina de aprovechamiento.

 

Jerarquía de prioridades en el uso de alimentos

 

Quizá el punto más relevante de la nueva norma sea la introducción de una jerarquía de prioridades que las empresas deben seguir para el uso de los excedentes de alimentos. Según ésta, las prioridades de dicho uso son:

 

● La prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o la redistribución de alimentos.

● En un segundo escalón se encuentra la transformación de los alimentos que no se hayan vendido, pero que mantengan sus condiciones óptimas de consumo, en otros productos. Un ejemplo de ello sería la obtención de zumos o mermeladas a partir de frutas.

● Cuando los alimentos no sean aptos para el consumo humano, la jerarquía establece los siguientes usos por orden de preferencia: alimentación animal y fabricación de piensos, usos como subproductos en otras industrias y obtención de compost o biocombustibles.

 

Buenas prácticas para combatir el despilfarro en las empresas

 

Las medidas regulatorias contra el desperdicio alimentario también incluyen un apartado de buenas prácticas que tanto desde la administración como desde otros eslabones de la cadena pueden aplicarse para ayudar a combatirlo. Entre ellas, destacan:

 

● Líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos en los establecimientos comerciales.
● Promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos.
● Incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima.
● Elaboración de un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario por parte del Gobierno.
● Elaboración de un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

 

Régimen sancionador para fomentar el cumplimiento

 

El Proyecto de Ley de Desperdicio Alimentario determina una serie de infracciones que pueden ser calificadas como muy leves (por ejemplo, no aplicar a las pérdidas y el desperdicio alimentario la jerarquía de prioridades), graves (como no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario) o muy graves (reiteración de una infracción grave). Estas infracciones pueden ser sancionadas con multas de entre 2.000 y 500.000 euros, dependiendo de la gravedad.

 

Desafío ético y económico

 

En un contexto mundial de superpoblación, desequilibrios económicos, crisis ambiental y escasez de recursos naturales, incluyendo las reservas alimentarias, evitar el desperdicio alimentario es una obligación ética y un acto de responsabilidad para empresas y consumidores. Una responsabilidad compartida con otros agentes de la cadena que tiene como objetivo ayudar a construir un sistema alimentario justo, equitativo y en el que nadie se quede atrás.
Pero, además de ese componente moral, la lucha contra el desperdicio también tiene una importante dimensión económica. Y es que, aunque las empresas afectadas por estas novedades tendrán que realizar inversiones para adaptarse a las disposiciones de la ley una vez entre en vigor, los ahorros que esas medidas traerán en términos de optimización de recursos y eficiencia operativa serán muy superiores a esas inversiones.

 

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