¿Qué es la Ley de evaluación ambiental?

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Para explicar qué es la Ley de evaluación ambiental debemos explicar, en primer lugar, qué significa el concepto de evaluación ambiental.

Se trata de analizar -bajo criterios sostenibles- planes, programas y proyectos que puedan tener un impacto en el medioambiente. El objetivo es establecer las mejoras que sean necesarias para minimizar el posible impacto negativo de los mismos antes de que se ejecuten.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece los requisitos necesarios para llevar a cabo este proceso de análisis.

¿Cuáles son los principios de la Ley de evaluación ambiental?

Existen siete principios legales que vienen recogidos en el texto, y que marcan los objetivos que deben regir las evaluaciones ambientales:

  • Quien contamina paga.
  • Simplificación de procedimientos de evaluación ambiental.
  • Búsqueda de cooperación entre Administración Central y Comunidades Autónomas.
  • Acción preventiva.
  • Corrección y compensación en caso de impacto sobre el medioambiente.
  • Protección del medioambiente.
  • Mejora de los entornos medioambientales.

¿Qué aspectos trata de corregir la Ley?

Uno de los principales objetivos de la Ley de Evaluación Ambiental es acelerar los procesos de emisión de las declaraciones de impacto ambiental.

También trata de corregir la excesiva diversidad de normativas que podrían dificultar los procedimientos de evaluación ambiental, sin que dicha variedad de normas tuviera una justificación medioambiental, tal y como recoge la propia Ley en su preámbulo.

En relación con esto, el informe ‘Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social. Medio Ambiente’. elaborado en el año 2012 por el Consejo Económico y Social (CES) ya advertía que una misma actividad tenía que enfrentar unos umbrales de impacto mayores o menores según la Comunidad Autónoma donde se fuera a realizar. Incluso se daban casos de Comunidades que no exigían la evaluación ambiental para cuestiones a las que sí se les exigía en otras.

La normativa, aprobada un año después (2013), trata de corregir estas imperfecciones proponiendo una armonización de los procedimientos administrativos. En consecuencia, se evitan riesgos de deslocalización, y se da seguridad jurídica a los promotores, que sabrán de antemano qué requisitos deben cumplir, independientemente de la localización del proyecto.

Con la aceleración y la armonización se perseguía además reducir las cargas administrativas que tenían que soportar las empresas cuando tenían que realizar una evaluación ambiental.

Tipos de evaluaciones ambientales según la Ley

Se diferencian dos tipos de procedimientos: ordinario y simplificado. El primero de ellos es para planes, proyectos o programas que se prevé tengan un efecto significativo en el medio ambiente. Mientras que aquellos que no sean catalogados de este modo pasarán al proceso simplificado.

Ante la ambigüedad del término y su definición, la norma incluye anexos con ejemplos de situaciones y proyectos que serían considerados ordinarios. Algunos ejemplos que requieren de evaluación ordinario son:

  • Centrales térmicas
  • Centrales nucleares
  • Plantas de fundición de hierro colado o acero
  • Parques eólicos
  • Instalaciones de cría de animales por encima de las cantidades establecidas en la norma.
  • Explotaciones a cielo abierto de yacimientos minerales que cumplan algunas de las circunstancias indicadas en dicha ley.

Algunos ejemplos de evaluación simplificada se darían cuanto el plan sea para:

  • Astilleros
  • Almacenamiento subterráneo de gases combustibles
  • Instalaciones para producir electricidad, agua caliente y vapor con potencia igual o superior a 100mW
  • Construcciones de vías ferroviarias
  • Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas
  • Cualquier proyecto que implique cambios en el uso del suelo en superficies superiores a 50 hectáreas

¿Cuál es el procedimiento ordinario en la evaluación de impacto ambiental?

En primer lugar, el promotor realiza el estudio de impacto ambiental.

Después la Administración competente por ámbito de actuación y localización del proyecto (que se denomina ‘órgano sustantivo’), somete a información pública la cuestión y realiza las consultas a las administraciones y personas afectadas.

Después, el órgano consultivo remite al órgano ambiental el expediente completo del plan en cuestión, el estudio de impacto ambiental y el resultado del proceso de información pública y consultas.

Tras el análisis técnico, se establece la declaración de impacto ambiental, que puede ser:

  • Procedente
  • No procedente con el desarrollo planteado
  • Si procede, aunque desarrollándose bajo una serie de medidas correctoras de posibles efectos negativos
  • En este último caso, también se pueden establecer medidas compensatorias sobre esos efectos negativos

La declaración de impacto ambiental se publicará en diarios oficiales y también en sede electrónica. La decisión no será recurrible.

Plazos para realizar las evaluaciones ambientales

La Ley establece unos plazos máximos para realizar las evaluaciones.

Tipo de informePlazo máximo¿Admite prórroga?
Evaluación estratégica ordinaria22 mesesDos meses más por razones justificadas
Evaluación ambiental estratégica simplificada4 meses
Evaluación de impacto ambiental ordinaria4 mesesDos meses más por razones justificadas
Evaluación de impacto ambiental simplificada3 meses

¿Qué ocurre con el silencio administrativo en la ley de evaluación ambiental?

En algunos procedimientos el silencio administrativo se entiende como una aprobación de los permisos o solicitud realizada. En esta norma ocurre exactamente lo contrario.

No se podrá iniciar un proyecto que requiera de evaluación si falta el informe ambiental estratégico, la declaración de impacto ambiental, la declaración ambiental estratégica o bien el informe de impacto ambiental. Si estos no llegan en los plazos legalmente establecidos la evaluación ambiental se considera desfavorable.

Esto significa que, si el promotor pusiera en marcha el proyecto por entender en el silencio administrativo una resolución favorable, quedará expuesto a sanciones y al restablecimiento de las condiciones previas al inicio de dicho proyecto.

Sin embargo, esto no quiere decir que una administración pública que se vea afectada por un proyecto pueda ralentizar o paralizar, sin justificación medioambiental, un proceso.

El procedimiento puede continuar si el órgano ambiental cuenta con juicios de valor suficientes, en el caso de que la Administración no envíe sus valoraciones a tiempo. En ese caso, no serán tenidas en cuenta y no podrán impedir la paralización de la acción que se pretenda poner en marcha.

¿Pueden inadmitir una solicitud de evaluación ambiental?

Sí. La normativa establece un trámite de inadmisión especial que tiene el objetivo de que el promotor sepa desde una fase muy temprana que existen motivos ya comprobados de que no se recibirá la pertinente declaración ambiental favorable.

Esto puede darse cuando, por ejemplo, un promotor solicita la activación de un proyecto muy similar a otro que ya hubiera sido desestimado en una evaluación ambiental en el pasado.

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