El pasado mes de abril se aprobó la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular (Ley 7/2022 de 8 de abril) que supone la creación de dos nuevos impuestos: uno que grava el depósito de residuos en vertederos y otro sobre los envases de plástico de un solo uso. Pero, ¿para qué sirve el impuesto de residuos?
Además, la entrada en vigor de esta ley supondrá el veto a la comercialización de determinados utensilios o productos de un solo uso como pueden ser pajitas, vasos y platos. También se prohibirá con ella añadir microplásticos a productos cosméticos o de limpieza.
La nueva ley de residuos recoge también la obligación de bares y restaurantes de ofrecer a los clientes agua no embotellada gratis, el impulso de la venta a granel en grandes superficies o habilitar a los Ayuntamientos para prohibir fumar en las playas.
Fiscalidad verde: la necesidad del impuesto de residuos
Con la llegada de la nueva ley se pretende que España mejore la gestión de los residuos para alcanzar las directrices marcadas por la Unión Europea. En el año 2008, la UE impuso como objetivo para el año 2020 una tasa de reciclaje de los residuos municipales del 50%. España se quedó lejos de esta cifra. Según los datos de Eurostat en el 2021 en nuestro país la tasa de reciclaje alcanzó el 36%. Las expectativas en Europa en relación con la gestión de los residuos son aún más ambiciosas para los próximos años, estableciéndose como objetivo para el 2030 alcanzar el 60% y el 65% para el 2035.
La creación de las nuevas figuras impositivas recogidas en la ley se ha hecho a instancias de un informe elaborado por la Comisión Europea en el que recomendaban a España la aplicación de un “sistema fiscal armonizado” con el que gravar tanto el vertido como la incineración de residuos, potenciando el reciclaje. En informe de la Comisión recalcaba la necesidad de que dicho sistema fiscal estuviese operativo en todas las Comunidades Autónomas.
Con la llegada de estos dos nuevos tributos, se pretende disminuir el depósito e incineración de residuos en vertederos y potenciar su reciclaje. Hasta la llegada de la nueva ley de residuos, no todas las Comunidades Autónomas contaban con un canon que penalizase estas prácticas. Con estas nuevas figuras impositivas el Gobierno pretende establecer un criterio único en todo el territorio, evitándose prácticas como el transporte de residuos de unas comunidades con fiscalidad ambiental a otras a zonas en las que el vertido estaba exento de este pago.
Según lo establecido en la disposición final decimotercera, la ley entró en vigor al día siguiente de su aprobación -a excepción del Título VII que trata las medidas fiscales para incentivar la economía circular, en el que se regulan ambos impuestos de residuos- que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023.
La UE recomienda una regulación más estricta sobre el reciclaje
En el año 2018 la UE estableció una serie de objetivos vinculantes, a parte del impuesto de residuos, para promover el reciclado, el envasado y vertido, entre los que se incluían mejorar las tasas de reciclaje de los residuos municipales. Con esta estrategia se pretendía promover el cambio hacia un modelo de economía circular con el que incrementar la vida útil de los productos existentes. Estos objetivos se vieron reforzados dentro del Plan de Acción para la economía circular publicado por la Comisión Europea en marzo del año 2020, en el que se recogían medidas para reducir la producción de residuos mediante una mejor gestión de estos.
El Parlamento sometió a votación -en febrero del 2021- el plan publicado por la Comisión demandando la necesidad de establecer medidas adicionales para avanzar hacia un modelo económico sostenible, neutro en carbono, libre de tóxicos y completamente circular para el año 2050. En este marco se establecieron recomendaciones a los Estados miembros entre las que se incluían la aprobación de leyes más estrictas sobre reciclaje.
La presencia de residuos afecta negativamente tanto a los ecosistemas como a la diversidad ecológica. Con el establecimiento de impuestos que fiscalicen acciones como el depósito o incineración de los residuos, se pretende que los Estados miembros potencien el reciclaje y el máximo aprovechamiento de las materias primas extraídas para fabricar los productos. Con ello se conseguirá reducir el riesgo de contaminación del suelo y el agua con sustancias químicas, así como la protección para las especies salvajes.
